El mundo avanza hacia la transición, eso es innegable y el país debe subirse al tren para evitar los costos del rezago, como ya pasó con las cuatro revoluciones industriales. Sin embargo, su situación no es igual a la de los países de ingresos altos.

Primero, porque Colombia no participa ni siquiera residualmente en los volúmenes de contaminación global y su principal problema energético interno no es el carbón; segundo, porque las finanzas públicas y la balanza de pagos dependen abultadamente de la minería; tercero, porque no tiene la tecnología propia para hacer la transición, así que su única posibilidad, sino produce, es importar los paneles solares pagados con más deuda o con más beneficios tributarios a la inversión extranjera. Desarrollaré la explicación.

Europa ha propuesto una reducción de gases de efecto invernadero de 78 % con relación a los niveles de 1990 para 2035 y cero emisiones para 2050. Estados Unidos dice que lo hará en 50 % para 2030 y China propone cero emisiones para 2060. Pero, para hacerlo, necesitan primero crear la riqueza y tecnología suficientes para que el negocio de la transición sea más rentable que el actual y que el balance entre los empleos nuevos y los que se perderán sea positivo. En este sentido, según el profesor de Stanford, Paul Ehrilch, “detener la pérdida de biodiversidad no es ni mucho menos una de las principales prioridades de ningún país”, lamentablemente. Los datos del FMI confirman que la reactivación económica reciente de los países del G20 apenas destinó una parte marginal de recursos en procesos verdes. La descarbonización de Estados Unidos costará USD 600.000 millones anuales y la de Europa € 800.000 millones al año, así que para financiarla en Colombia primero hay que crecer y hacer inversión verde en proporción al crecimiento productivo.

Si esto pasa con quienes tienen capacidad financiera, la situación colombiana es mucho peor. Según el Banco Mundial la participación de la renta total de los recursos naturales como porcentaje del PIB es mucho menor en esos países que en Colombia. Abandonar esa renta significan menos recursos, es decir, menos capacidad de inversión. Además, con datos de la OCDE se puede establecer que la participación de Colombia en desarrollo de tecnologías relacionadas con el medio ambiente es de 0,06 % a nivel mundial. Así qué, hacer una transición con discursos y sin recursos, y sin tecnología, solo nos llevará al destino de una mayor dependencia y desigualdad.

La única posibilidad seria consiste en una maximización de la renta minera por parte del Estado. La concepción de que el Estado no debía intervenir para mejorar la eficiencia llevó al abandono de políticas públicas orientadas hacia la producción agrícola, industrial y de servicios de alto valor. La inversión privada, principalmente extranjera, se dirigió hacia actividades de alta rentabilidad en el corto plazo, y pocos encadenamientos y altos costos ambientales y sociales en el largo plazo, es decir, la minería. Las exportaciones mineras no fueron suficientes para recoger los dólares de las importaciones manufactureras, por lo que se configuró un déficit comercial estructural, financiado con deuda, remesas y exenciones tributarias a la inversión. Es decir, para financiarse se necesitaban más dólares y para obtenerlos se creyó que la mejor opción era cobrar menos impuestos. Con menos recaudo sobre el PIB, el país no pudo financiar las inversiones en actividades productivas.

Cambiar este escenario implica que el Estado aumente su participación en la renta minera y que esos recursos se inviertan en apoyar a sectores productivos capaces de demandar más fuerza de trabajo de alta calidad. Con más industrialización y con más productos que puedan ser exportados, el país podrá reducir paulatinamente su dependencia a la minería y tendrá los recursos y la capacidad tecnológica de fabricar las fuentes de energía alternativas. No hacerlo de esta forma nos llevará a la falsa idea de prosperidad, con parques eólicos importados y energía solar en los techos de algunas casas, pero en un escenario probable en que el carbón que no se exporte tendrá que quemarse en las 48 plantas térmicas que el gobierno de Duque prometió construir. Por si las dudas, las proyecciones de la UPME muestran que para 2050 la participación del carbón en la matriz energética del país pasará de 2000 a 3000 megavatios.

Colombia debe abordar con la mayor rigurosidad la discusión de la transición energética y del cambio climático que ya nos afecta. Pero un proceso que no golpe más a la producción y el empleo necesita recursos de la minería actual para financiar la transformación productiva sostenible.