De no ser por organizaciones como el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación o la Alianza Global por Justicia Fiscal, entre otras, que obtienen y analizan información, seguiríamos pensando que la evasión tributaria realizada por empresas refugiadas en guaridas financieras es ciencia ficción.

Sabemos que unos US$30 millones de millones, de recursos que se mueven en el sector financiero están guardados en estos territorios y que se pierden aproximadamente US$280.000 millones en impuestos cada año, el doble que toda la ayuda oficial al desarrollo en el planeta. Muchas de las necesidades de gasto social e inversión en infraestructura, que necesita un país como Colombia, se ven reducidas por el hecho de que una parte de la riqueza de su economía se fuga sin pagar impuestos hacia estas sofisticadas caletas financieras. Unos US$2.500 millones anuales, solo por flujos financieros ilícitos, producto de facturaciones comerciales fraudulentas, se escapan de nuestro país sin tributar.

Es desconcertante que la respuesta del presidente del país sea que tener empresas en guaridas financieras no es ilegal. Tax Justice Network, una organización global especializada en el asunto, considera que hay al menos 70 territorios con altos niveles de secretismo financiero que podrían considerarse paraísos para el lavado de activos y la evasión. En contraste, la OCDE prefiere tener un listado de jurisdicciones comprometidas con algún tipo de acuerdo de transparencia y solo tres países que no cumplen con ninguno: Barbados, Maldivas y Tonga.

Como este es el referente colombiano, con razón para el presidente no es escandaloso que el encargado de recaudar y administrar los impuestos del país haya creado una empresa en Delaware, estado que tiene 950.000 habitantes y más de 1.300.000 empresas, el segundo territorio con mayor opacidad financiera en el planeta. O que un expresidente del país, muy muy cercano al actual gobierno, tenga jugosos negocios de hidrocarburos en una famosa caleta como Panamá.

No entraré en detalles jurídicos, porque es obvio que crear empresas en el extranjero no es delito. Sin embargo, sí resultan sospechosas varias acciones: las filtraciones nos permitieron conocer que connotados políticos, encargados de administrar recursos de la Nación, son además prósperos empresarios que usan a prestigiosas firmas para crear compañías en territorios con secreto financiero. Despierta -al menos- curiosidad sobre si estas personas se dedicaron a la política o a los negocios, o a la política como negocio. También que muy pocos reconocen que sus empresas operan; al parecer crean empresas por deporte, para dejarlas “abandonadas”.

Las revelaciones obligan a cuestionar los mecanismos de fiscalización con los que cuenta el país y la DIAN para perseguir a quienes se fugan sin pagar impuestos. Es imperante trabajar en construir acuerdos automáticos de información con estos territorios, tener listados de las personas reales detrás de los nombres de las empresas y sancionar en forma ejemplar la fuga de capitales. Por supuesto tendrá que ser en el próximo gobierno, porque el actual es amigo de la normalización de este tipo de procedimientos.